El año 2022 significó un duro golpe para las organizaciones sociales en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega ordenó el cierre de cientos de organizaciones no gubernamentales (ONG), entre las que se incluyen muchas asociadas al trabajo de las iglesias evangélicas. Por lo tanto, supone un duro golpe a los esfuerzos evangelísticos y misioneros de la iglesia en Nicaragua.
En las protestas del 2018, una multitud de manifestantes salió a las calles para protestar contra el gobierno de Ortega, lo que desembocó en enfrentamientos entre civiles y las fuerzas de seguridad. Más de trescientas personas perdieron la vida en dichos enfrentamientos. Desde entonces, el gobierno de Nicaragua ha iniciado acciones contra las voces disidentes y de opositores, a quienes acusa de provocar disturbios y desestabilizar al país.
Muchas instituciones y entidades de diversa índole han sufrido, en algún grado, la presión estatal en estos últimos cinco años como producto de este conflicto. Entre ellas, se encuentra la disputa entre el gobierno y la Iglesia católica romana, que ha llevado a diez sacerdotes tras las rejas, acusados de conspiración y terrorismo.
Presión sobre la Iglesia evangélica
En el marco de estos conflictos, en el ámbito social y civil, el gobierno de Nicaragua ha empezado a desconfiar de todas las instituciones de carácter religioso que no se alinean con sus políticas. Esto llevó a que las iglesia evangélicas del país quedasen en una situación de sospecha y en una relación delicada con el poder central.
En el 2016 se puso en marcha un «mecanismo para facilitar el ingreso y egreso organizado y seguro a Nicaragua de iglesias, denominaciones y congregaciones». En la práctica, se trató de un control sobre la entrada de misioneros y de ayuda financiera a muchas iniciativas misioneras. Pero en el 2018, el gobierno suspendió las subvenciones otorgadas a entidades religiosas y, dos años más tarde, promulgó una «Ley de agentes extranjeros». Con estas medidas, el Estado se aseguraba el control sobre las actividades de las iglesias evangélicas.
Lo último ha sido el cierre de organizaciones benéficas y de ayuda social. Un informe presentado por organizaciones afectadas, a fines del año pasado, aseguró que desde 2018 se habían disuelto 3016 ONG, tanto locales como extranjeras, lo que equivalía a un 43 % de las entidades registradas en el país. A comienzos de este año, la cifra se elevó a 3223. Analistas y múltiples organismos de derechos humanos aseguran que se trata de una forma de represalia contra las organizaciones sociales que apoyaron las protestas, como también una manera de debilitar la sociedad civil.
Dichos investigadores estiman que estos cierres tendrán un impacto profundo en el aspecto social, económico y comunitario de los nicaragüenses. Muchas de las ONG clausuradas dirigían programas de acceso a derechos y beneficios para grupos sociales marginados, como las comunidades indígenas. Otras trabajaban en un amplio abanico de cuestiones relacionadas con la ayuda y el desarrollo social, servicios médicos y educativos, y medios de comunicación independientes. El verdadero impacto social es difícil de cuantificar, pero se cree que cincuenta mil personas podrían quedar sin acceso a servicios de primera necesidad debido al cierre de las ONG.
Como se ha dicho, las iglesias evangélicas también se ven afectadas, pues muchas ONG y fundaciones se dedican a sostener pastores, ministros y misioneros en el país. También se han cerrado un orfanato, una asociación de teólogos, y organizaciones misioneras y de ayuda humanitaria, según informa Christianity Today (enlace en inglés).
Desde el gobierno nacional se asegura que algunas ONG eran utilizadas desde el exterior como medios para financiar campañas de desestabilización. Otras no cumplían con las exigencias legales para funcionar. Los legisladores oficialistas aseguran que solo se trata de un proceso de ordenamiento, pues una gran cantidad de las organizaciones clausuradas se encontraban sin operar.
Desafíos
En el 2021, Daniel Ortega y su esposa resultaron reelegidos en el poder, mientras que, en noviembre del año pasado, el partido sandinista (partido gobernante) obtuvo la totalidad de las alcaldías del país (153). De manera gradual, el gobierno de Ortega se asegura el control total en Nicaragua y diversos analistas advierten una tendencia al totalitarismo y al régimen de partido único.
En este panorama, y salpicada por el conflicto entre el gobierno y la Iglesia romana, la Iglesia evangélica en Nicaragua enfrenta un año de desafíos. El cierre de diversas organizaciones no gubernamentales afecta de manera directa al trabajo social y evangelístico que muchas iglesia locales llevan adelante, como también el sostenimiento de pastores locales o misioneros.
Aunque el panorama es desafiante, nada puede detener el plan de Dios para Su pueblo. «Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien» (Ro 8:28) y la iglesia en Nicaragua podrá cumplir con su misión de anunciar el evangelio de Cristo. Debemos orar por su fidelidad y compromiso, y por el sostén de los pastores y misioneros. Dios puede proveer todo lo necesario, conforme a Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús (Fil 4:19). También debemos orar por sabiduría para nuestros hermanos en Nicaragua, a fin de que puedan seguir aportando a la paz del país y que Dios guíe las relaciones de las iglesias locales en un contexto tan delicado.
